Pocas veces una norma puede tener efectos tan transformadores en democracia como el actual proyecto de ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas.

Empieza a ser familiar que plataformas electrónicas actúen como sedes e instrumentos de los servicios públicos a los que tenemos acceso. El proyecto en ese sentido responde desde el amplio objetivo de la Reforma del Estado a una iniciativa imprescindible para la “sociedad de la información”.

La nueva ley no va a ser sólo la primera piedra legislativa que va a crear la Administración del mañana. Es más que eso, se trata de una verdadera Constitución Electrónica e implica necesariamente un modelo de Estado y un modelo de ciudadanía, por eso no debería ser tímida a la hora de incluir garantías y debe implementar procedimientos que incluyan la participación y el pronunciamiento de los agentes sociales en todo su desarrollo, una oportunidad que no han tenido en este proyecto.

Debido a la transcendencia de este proyecto y sin desconocer que tiene importantes aciertos, este segundo informe del Observatorio analiza varios aspectos relevantes de la futura nueva norma que pueden comprometer la construcción participativa, independiente y democrática del nuevo Estado electrónico. Los principales puntos son:

• El proyecto de Ley incumple normativa vinculante y contradice el programa de conclusiones técnicas y el proyecto regulatorio desarrollado durante cuatro años por las Administraciones Públicas

• La tecnología para escritorio dominante en la Administración Pública y que ocupa una posición cuasimonopolística en laAdministración no responde a estándares de formatos abiertos. No obstante, sí responde a estándares internacionalmente reconocidos, al menos desde una entidad de certificación, mucho menos reconocida que ISO, denominada ECMA INTERNATIONAL, que certificó los formatos de Microsoft Office como “estándares internacionales”.

• El proyecto de ley viene a suponer un paso atrás respecto de normativa ya existente, contradiciendo las “Recomendaciones a la Administración General del Estado sobre utilización del software libre y de fuentes abiertas”

• Se abandona el compromiso técnico asumido de la adopción oficial del formato OASIS ODF para los documentos administrativos.

• Crisis jurídica de la garantía de los derechos fundamentales y de control sobre la actuación pública en el ámbito del tratamiento de los datos de carácter personal

• Déficit de intervención de los agentes sociales en la elaboración del proyecto

• Déficit de garantías para viejos y nuevos derechos

• El problema de la contratación pública de bienes informáticos ¿ Se va a producir una migración anunciada y sin concurso público a la tecnología Windows Vista ? En los últimos seis meses, no ha habido un solo concurso público de adquisición de software donde los productores y distribuidores de software abierto hayan podido concurrir frente a la tecnología cuasi monopolísitica dentro de las Administraciones Públicas, esto es Microsoft.

El Informe incluye además, el estado de evolución de las denuncias del primer informe, y las nuevas denuncias recibidas posteriormente a la publicación del mismo.
Para descargar el informe completo: Segundo Informe (3.7Mb)